APRUEBAN REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EFICIENCIA EN BC

La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma constitucional presentada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, cuyo objetivo es armonizar la Constitución Política local con las disposiciones federales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

La propuesta incorpora los principios de racionalidad y austeridad republicana, orientados a eficientizar el uso de recursos públicos mediante la simplificación administrativa, sin debilitar la función pública ni comprometer el respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Entre los cambios más relevantes se contempla la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.

No obstante, se mantiene el reconocimiento pleno de los derechos que tutela, y se establece que las autoridades de control interno y vigilancia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial serán responsables de conocer los procedimientos de revisión contra los actos de los sujetos obligados.

Asimismo, se conserva la obligación de que todo sujeto obligado promueva, respete, proteja y garantice los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Con la reforma, se cambia la denominación de la dependencia de Honestidad y Función Pública, como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Cabe mencionar que las diputadas Alejandra Ang y Michel Sánchez, presentaron una reserva a fin de establecer de manera expresa que el titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia concluirá su encargo bajo las mismas condiciones y plazos que las personas comisionadas, quedando sin efecto su nombramiento al entrar en vigor la legislación secundaria prevista.

Asimismo, en cuanto al lenguaje incluyente, se ajustó en el mismo artículo el concepto de “los comisionados” para quedar como “las personas comisionadas”.

La propuesta fue votada y aprobada por mayoría como parte del Dictamen 54 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, consolidando el compromiso legislativo con la eficiencia institucional, el combate a la corrupción y la garantía de los derechos fundamentales de las y los bajacalifornianos.

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